• Kevin Rivera

¿Privatización de las vacunas? Qué esperar y qué temer




El día de ayer las redes sociales explotaron en un debate en torno al Decreto Supremo que les permite a los privados comprar vacunas contra la COVID-19. El mismo es el Nº 002-2021-SA y fue publicado el domingo 10 de enero en el diario oficial “El Peruano”. En este se señala que la adquisición de las vacunas requiere de un Registro Sanitario Condicional (RSC) que faculta “su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso”. Este permiso contará con una vigencia de un año y podrá ser reinscrito hasta cuatro veces.


Debido a la polémica, el Ministerio de Salud tuvo que publicar una nota de prensa en donde señalaba que, por ley, la distribución y aplicación de la vacuna será gratuita para todo aquel habitante del territorio nacional mayor de 18 años que la desee. Pero luego detalla que ellos serán los titulares del RSC para la importación y utilización de la vacuna de Sinopharm, por lo que ninguna otra empresa para comercializar dicha vacuna.


Si bien la dotación de Sinopharm se encuentra asegurada, el problema surge con las vacunas de otros laboratorios con los que ya se tiene contrato y con los que aún el Gobierno mantiene conversaciones. Por el momento, son 14 millones de dosis de AstraZeneca ya pactadas para entregar en septiembre y 13.2 millones de Covax Facility para el tercer trimestre del 2021. Teniendo en cuenta que el tiempo de evaluación de solicitudes del RSC se recortó de 12 meses a un máximo de 90 días, cualquier otro laboratorio o droguería podría firmar contratos para adquirir vacunas y traerlas al país antes de terminar el presente año.


Pero, ¿es acaso negativo que los privados comercialicen las vacunas? Entre los principales argumentos a favor estuvo la consideración de que aquellos en la capacidad de comprarlas podrán protegerse junto a sus familias o trabajadores y así reducir el número de contagiados, con lo que se evitaría el colapso del sistema de salud y la cantidad de fallecidos descendería. Sin embargo, no es descabellada la posibilidad de que se produzca un acaparamiento de las vacunas disponibles y los precios se disparen, por lo que muchos peruanos no podrían acceder a ellas. Solo los más adinerados estarían en la capacidad de protegerse mientras los más vulnerables correrían un riesgo tremendo.


Las dudas en torno a esto tienen una base muy sólida. ¿Ya nadie se acuerda de lo que pasó en los primeros meses de la pandemia? Tuvimos una serie de denuncias de cobros excesivos por parte de clínicas privadas que llevaron a que muchas familias se endeudaran por cientos de miles de soles solo por una semana de atención médica, todo ello en medio de una crisis sanitaria que colapsó al sistema de salud público. El paracetamol se disparó hasta los 50 soles y el omeprazol llegó a los 165 soles. Un balón de oxígeno alcanzó a costar 3000 soles. Incluso se denunció que clínicas privadas estuvieron cobrando por pruebas moleculares entregadas de forma gratuita.


Entonces tiene mucho sentido que las personas desconfíen de una posible comercialización de las vacunas por parte de los privados. Estos, en todo lo que ha durado la pandemia, solo demostraron un nulo interés por el bienestar público. Aunque algunos pudieran acceder a vacunas a través de su compra, el punto es que todos los peruanos tengan acceso gratuito y que ello sea la meta del Gobierno. Habrá que esperar mayor información sobre este asunto y permanecer vigilantes ante lo que suceda.


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