• Nicolás Delgado Pease

Nueva Constitución, Vieja Izquierda



Llegó el debate constitucional. Chile se lanzó de lleno y cosechó un rotundo éxito para el. En el bosque de dominós que es Latinoamérica, los más atentos han aprendido a poner las urnas en remojo. Hace unos años, era un abanderamiento de partidos de izquierda, pero ahora ha ampliado sus horizontes. ¿Hubo un cambio?


Una reciente encuesta de Datum nos expone valiosa información: 56% está de acuerdo con cambiarla, 27% con no cambiarla y un nutrido 17% no precisa. El motivo predominante en el NO con un 56% (No confío en que los congresistas puedan elaborar una mejor Constitución que la que existe) es fiel reflejo de la mermada confianza en el legislativo. Ese y el siguiente motivo (Podríamos volvernos un país como Venezuela) eran de esperarse. No obstante, los motivos detrás del sí son más enrevesados. El rencor hacia una Carta Magna formulada bajo el Fujimorato es solo la segunda motivación (25%); está flanqueada por mayores castigos a delincuentes (20%) y por mayores castigos a corruptos (31%). Acoplando ello un 72% que sí votaría por un candidato pro pena de muerte según Ipsos, nos podemos hacer una idea más nítida del sentir popular. En el 2017, CIT Perú señaló que 70% de los peruanos creen en la pena de muerte para violadores. En esa línea, la misma organización puso en 93% a los peruanos a favor de pena de muertes para violadores de niños el 2019. Partidos como UPP propusieron conjugar ambos sentimientos hacia una conclusión lógica: aplicar pena de muerte por corrupción. El congresista José Vega, de dicha agrupación, dijo explícitamente que el cambio de Constitución era un vehículo para una “verdadera opción de cambio radical en el país”.


La coordinación entre las posturas de la ciudadanía y las acciones de sus representantes no es perfecta. Hay mentiras, medias verdades, promesas incumplidas y demás politiquerías salpicando las campañas a cuyo término se suele cercenar el cordón umbilical entre electores y elegidos. Pero las encuestas nos señalan que este no es el caso cuando se trata de medidas como la de UPP. Sean sentidas o estratégicas, estas propuestas están al auge. Es curioso que estas propuestas eran asociadas hace menos de 5 años a partidos como FP. Eran caballitos de la “derecha bruta y achorada”. Solidaridad Nacional propuso a Juan José Muñico para el congreso. Si bien no obtuvieron escaños, Muñico se promulgaba abanderado de la pena de muerte para violadores.


Hace años, tanto FP como SN tenían un entendimiento de que la vía para establecer estas penas era la reforma constitucional mediante mecanismos existentes. Pero todo integrante de partido tiene prioridades y hace concesiones. Partidos “de derecha” como SN parecen representar una posición férrea, de mano dura, compartida por partidos “de izquierda” como UPP. Allá por el lejano 2016, las prioridades fueron dejadas en claro con la efímera aparición de la Alianza Electoral Solidaridad Nacional – UPP. Así como en el otro intento de confraternidad del 2011, la candidatura no prosperó, pero la declaración de principios compartidos estaba ahí: SN estaba dispuesto a hablar de nueva Constitución con UPP si ello otorgaba medidas castrenses.


Del otro lado, tenemos a la denominada nueva izquierda que mira con desdén medidas “cavernarias” como la pena de muerte y considera que la corrupción amerita un enfoque estructural, menos draconiano. Nacieron en el seno de la izquierda más “civilizada” del FA, pero ahora recorren un camino inverso al de SN: “hablaré de pena de muerte si me das nueva Constitución”. Es cierto que Mendoza y sus satélites quebraron del FA por cuestiones personalistas, pero eventualmente apelaron a principios. El cisma que abrieron Glave, Huilca y Pariona fue principista de arranque: que Mendoza decidiera “retroceder” y aliarse con Vladimir Cerrón era inaceptable. Cerrón quería pena capital y no matrimonio homosexual. Sin embargo, la intelligentsia mayormente urbana de JPP—y manifiestamente también la de Glave & Cía.—coincide con UPP y Cerrón en abrir las compuertas de la Asamblea Constituyente.


Me resisto a creer que Mendoza y Glave no leen el periódico. Ellas y sus cortesanos saben perfectamente que el común denominador exige incluir la pena de muerte en una Asamblea Constituyente (eso, claro, si esta llega a ser realmente representativa). Ciertamente, incrementar causales de pena de muerte requeriría retirarse del Pacto de San José, lo cual también abriría la posibilidad del aborto libre al que JPP y Glave aspiran, pero paradójicamente es a costa de darle gusto al cuco conservador. El cálculo pesa más, incluso para la autodenominada reserva moral del Perú que se inmola tuit tras tuit por los derechos humanos.


La lección por considerar: el moméntum—que recién se capitaliza recientemente por el triste capítulo de Merino—viene desde abajo, y no se ha iniciado por la unión civil, ni por el aborto, ni siquiera por el modelo económico. Volviendo a Ipsos, 50% cree que el Estado no debe tener empresas, mientras 47% cree que sí. 62% cree en una economía de libre mercado, pero 67% cree en un Estado más regulador. No hay un furor esencial contra el fantasma del neoliberalismo. Hay una bíblica hambre y sed de justicia en el ámbito penal. La segunda idea guía más importante según Ipsos fue la justicia con 23%, solo después del desarrollo material. Pero, ¿qué justicia? ¿Justicia social arraigada en identity politics? ¿O una expresión del marcado manodurismo peruano contra el choro? El manodurismo le gusta al pueblo, venga de un libertario o de un trotskista. Una nueva Carta Magna es solo una nueva envoltura para esa vieja herramienta de éxito político.


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