Congreso contra reloj




Cuando este artículo esté publicado, habrá iniciado la primera de dos sesiones plenarias del Congreso de la República convocadas por la presidente de éste, Mirtha Vásquez. Entre los proyectos de ley y temas de interés nacional, está—muy hacia el final del comunicado oficial—una propuesta de bicameralidad. La población nostálgica que se vio frustrada con los resultados del referéndum del 2018 podría ver reavivadas las esperanzas de una cámara alta y una cámara baja. Suponiendo que se aprobara, podría entrar en vigor como disposición complementaria, el Senado siendo elegido en las regionales del 2022 y asumiendo el 1/1/23, en teoría.


Esa propuesta y otras—como reinstituir la reelección—serían pasos en la dirección correcta hacia una reforma política. Sin embargo, hay cuestiones más apremiantes para los partidos en el parlamento. Un inminente gobierno tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori pondrá a prueba los resortes de la institucionalidad, sobre todo para la separación de poderes. Con el telúrico periodo 2016-2020 no hay muchas garantías de la cooperatividad KF. Respecto al PC, basta escuchar sus pronunciamientos, leer a su (casi) vicepresidente Vladimir Cerrón u horrorizarse ante los comentarios de sus virtuales congresistas para concluir que su mandato no sería menos conflictivo.


El TC no ha sido de mucha ayuda resolver estos roces constitucionales, sacando cuerpo cuando más se les necesita o avalando una disolución por «negación fáctica». Con la amenaza de una (y otra) cuestión de confianza como cabeza de turco para una disolución del Congreso, esperaríamos que éste (al menos los partidos con congresistas tanto virtuales como en funciones) buscara la mejor garantía de independencia: desaparecer la cuestión de confianza.


Es un asunto espinoso. El TC declaró que la cuestión de confianza aplica incluso para la modificación de normas internas del Congreso, amparándose en un balance de poderes a toda costa para compensar la moción de censura. Dado el reciente historial, los dos mecanismos podrían revisarse, pero desde el Legislativo lo esperable es centrarse en desbaratar la potencial arma de un Ejecutivo adverso. Claro, ello requeriría que hoy o mañana se modifique el Reglamento del Congreso para que el periodo 2020-2021 tenga cuatro legislaturas ordinarias, con la cuarta comenzando el 15 de mayo y terminando el 15 de julio. Ello brindaría dos legislaturas ordinarias para poder votar las controvertidas reformas constitucionales ellos mismos, sin necesidad de pasar la antorcha (o papa caliente) al siguiente parlamento. No obstante, ambas iniciativas tendrían que pasar por mayoría calificada (87 votos a favor). En estos meses tensos de ofertas y contraofertas, puede que más de una bancada—ni qué decir de los congresistas—renuncien a la epopeya. Podría ser Fuerza Popular, apostando por la maniobrabilidad de su lideresa. Podría ser Acción Popular, como gesto de alianza con Perú Libre. Podría ser el mismo TC quien declare inconstitucional el cambio, por contrariar el balance de poderes. Podría ser todo el parlamento, dejando pasar una estupenda oportunidad para impedir 5 años más de inestabilidad.


Comentaremos este y otros temas hoy a las 7 PM en Nueva Crónica, por Instagram en vivo.


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