• Sol Pozzi-Escot

Lo legítimo (más allá de lo constitucional)


Se ha hablado mucho desde el punto de vista constitucional, de la legalidad y legitimidad del cierre del Congreso llevado a cabo por el presidente Vizcarra. Aunque válidas y necesarias deliberaciones, la confrontación de un punto de vista, favorable a la medida del jefe del Ejecutivo, a otro, por lo contrario, desfavorable a esta, nos deja pensando que a lo mejor es nuestro constante diálogo de sordos, entre todos los interlocutores que forman esta dichosa Nación, el meollo mismo de nuestra debacle. Pero más allá del eterno vaivén de las- y repetimos- siempre necesarias polémicas de orden constitucional, existen otras maneras de considerar lo legítimo, que intentaremos brevemente analizar.

El problema de la concordancia, a veces dudosa o inexistente, entre lo legal y lo legítimo no apareció, lo sabemos, el día que Vizcarra cerró el Congreso. En principio, se suele asumir que la legalidad y la legitimidad coinciden, es decir, que el derecho positivo (o sea convencional y propio a cada Estado) es justo. Sin embargo, la práctica, y de esto nuestro país tiene ejemplos hasta el hartazgo, nos muestra que no siempre es así. Se discuten en estos términos, por ejemplo, el cierre del Congreso del 92, o el accionar de la mayoría fujimorista del Congreso recientemente disuelto, y claro, el mismo cierre del Congreso llevado a cabo por Vizcarra. ¿Una acción amparada por una aparente legalidad es siempre legítima? Veamos entonces otras maneras de considerar el debate legalidad-legitimidad que escapan a lo estrictamente constitucional.

Podemos decir, como axioma, que una acción legítima es una acción cuya causa es claramente inteligible. Es decir, para determinar la legitimidad de un hecho habría que relacionarlo con una regla que lo precede y determina. Por ejemplo, es legítimo que un peatón cruce la pista cuando el semáforo está en verde para él. Llevado esto a términos políticos, las cosas se complican un poco más.

Si queremos buscar una posible regla que sustente la legitimidad del cierre del Congreso, podemos fijarnos en los precedentes. El primero en saltar a la vista es claramente el cierre del Legislativo llevado a cabo por Fujimori en el 92. ¿Son las causas de ambos cierres del Congreso similares, en el sentido en que podríamos establecer una regla causa-consecuencia para ambos casos? Fujimori también citó ingobernabilidad al disolver el parlamento, al no tener su partido, Cambio 90, mayoría en el Congreso, dominado por el APRA y el Fredemo, lo que llevó, de acuerdo al exmandatario, a una ralentización del poder de administración del Ejecutivo. Una situación similar a la que conocemos en la actualidad, con un Congreso que, de acuerdo a la narrativa del presidente Vizcarra, impide el buen gobierno.

Sin embargo, podemos contestar este principio lógico de legitimidad, que buscar hallar una regla que haga legítima una acción, a través de una relativización de la problemática: cada acción es propia a un contexto, es decir a una época y a un lugar. Podemos decir en este sentido que lo que fue legítimo en una época pasada no necesariamente lo es en el presente, e incluso que algo pensado legítimo en el presente pueda revelarse como ilegítimo en el futuro, como es el caso del autogolpe de Fujimori. Respecto al cierre del Congreso de Vizcarra, solo el tiempo determinará, a la larga, la legitimidad de la acción en estos términos.

En este sentido, podemos afirmar que el derecho surge de lo propio a cada estado, ya que integra realidades geográficas, demográficas, relativas a la mentalidad, costumbres y tradiciones de un pueblo. “Para conocer la legislación de un pueblo, hay que comenzar por estudiar su estado social”, afirma Tocqueville. Podemos así decir que lo jurídico no es realmente autónomo, sino es una expresión codificada del hecho social. De esta manera, la ley termina por legalizar lo que se suele llevar a cabo en la práctica cotidiana. Pensemos nuevamente en la importancia de los precedentes de la decisión de Vizcarra.

Por último, existen derechos básicos inalienables que escapan justamente a esta relativización. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece una serie de derechos fundamentales del ser humano, entre ellos el derecho a la libertad, la igualdad y la seguridad. ¿Cuándo un poder del Estado atenta contra estos derechos básicos, como tenemos cada día más razón de pensar que era el caso de nuestro Congreso, es legítimo que sus funciones sean interrumpidas? En este caso, sí.

En una situación anómala como la que vivimos, con un Ejecutivo en acción ante un Congreso disuelto, es importante poner en valor el hecho que son, ante todo, la opinión pública y los medios quienes deberían ejercer un rol regulador, fiscalizador, en el ejercicio de este poder concentrado en la figura del Ejecutivo, poniéndole limites como bien sabemos hacerlo, para de esta manera asegurar, nosotros mismos a través de la Historia, su legitimidad.


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