• Sol Pozzi-Escot

¿Dónde está la legitimidad?


Conocemos ya las polémicas declaraciones de Carlos Mesía, constitucionalista quien, al ser invitado a opinar por la Comisión de Constitución del Congreso, declaró, respecto a la postura que sostiene la legitimidad del proyecto de adelanto de elecciones como expresión de la voluntad popular, que “al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna, y el pueblo solo tiene derechos, y esos derechos le nacen de la Constitución”, a lo que añadió, “ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común”. Antes que procedamos a rasgarnos las vestiduras reivindicando la absoluta soberanía popular en democracia, intentemos ver qué se esconde detrás de estas polémicas declaraciones, que, a lo mejor, aunque no estamos diciendo que esto sea la intención original del abogado Mesía, también conocido por su militancia aprista, hacen eco a una serie de problemáticas esenciales que deberíamos considerar en relación al debate actual del adelanto de elecciones.

La politiquería ha desdibujado la idea de “pueblo”. En principio, pueblo viene del latín populus, termino que designa a la totalidad de la población, a diferencia del término plebe, que hace referencia al sector de la población que no es la élite, es decir, las clases medias y pobres. En ese sentido, podemos decir que es populista el que busca subvenir a las necesidades de la plebe a través de mecanismos facilistas en pro de la satisfacción momentánea de este. De esta manera, las encuestas nos sirven para tener una imagen más precisa, de voluntad científica, de lo que significa y sobreentiende realmente lo que llamamos el clamor popular. Interesantes cifras han aparecido en ciertos diarios en los últimos días. Una encuesta de Ipsos para el Comercio muestra el claro apoyo de la población al mentado proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo: el 70% de los encuestados lo apoya, mientras que un 27% no. Sin embargo, esta última encuesta manifiesta una leve caída en ese porcentaje de apoyo, que desciende del 75% al 70%, caída que afecta también la aprobación del presidente Vizcarra, que a su vez baja del 54% al 48%. Ciertamente es muy temprano para afirmar que se le cierran poco a poco las puertas al presidente, pero podemos, por el momento, entender esta tendencia a la baja como una clara consecuencia de una gestión que hasta cierto punto basa sus políticas en el mencionado clamor popular, cambiante, y que se manifiesta a través de esas imágenes del momento, las encuestas. Viene ahí la pregunta: ¿en qué medida tiene o debería tener el pueblo la última palabra?

De acuerdo a Vizcarra, las autoridades se deben al pueblo. Sin embargo, podemos citar casos en los que el clamor popular no ha coincidido con lo que a posteriori se consideraría lo legítimo. Por ejemplo, al proponerse el debate respecto a la abolición de la pena de muerte en Francia, el pueblo no apoyó el proyecto, que finalmente fue impuesto por el Gobierno. Surge así una segunda pregunta: ¿qué es, a fin de cuentas, el bien común? ¿Es el bien común, realmente, el deseo coyuntural de un pueblo? Entendemos esta problemática en el sentido en que no se puede unificar el deseo del pueblo como si fuera uno solo. Este es en esencia diverso y cambiante. Al justificar proyectos políticos a través de la legitimidad de arraigo popular, no solamente se camina muy cerca al populismo, sino se comete una clara manipulación política a través de un discurso generalizador y pasional, que viene usualmente a llenar el vacío dejado por una falta de gestión política eficiente.

Podemos entender la postura del Ejecutivo desde un ángulo utilitarista. Entendamos el utilitarismo como aquella doctrina filosófica que busca definir el valor de juicio respecto a una acción en función de su utilidad, es decir, por las consecuencias que esta tenga. Llevada esta postura a términos políticos, lo que podemos decir es aquello que pretende la narrativa oficialista, presenta una serie de problemas en su aplicación práctica. Autores como John Rawls mencionan los peligros de esta ideología: el utilitarismo es susceptible por ejemplo de permitir cualquier tipo de discriminación para lograr el bien de la mayoría, o permitiría el castigo de un inocente en pos del orden público.

Esta problemática, llevada al campo de nuestra crisis política actual, nos lleva a interrogarnos respecto al sentido, más amplio y esencial, de la legitimidad en lo político. Confrontados a un Congreso que, por su actuar pierde poco a poco la legitimidad ganada en democracia y un Ejecutivo que, en vez de llevar a cabo un manejo efectivo de la disyuntiva actual se ha lanzado en lo que parece ser un peligroso populismo, es necesario que nos interroguemos sobre cómo podríamos comprender, de acá en adelante, la noción de lo políticamente legítimo. Definitivamente, en democracia, gran parte de esto yace en el pueblo, quien a fin de cuentas debería ser sujeto del poder, y no objeto. En un sistema constitucional que pierde paulatinamente su ya debilitada legitimidad, se deben buscar abrir nuevas puertas, y esto, se quiera o no, es algo que pasa únicamente por el diálogo y la concertación, pilares de la democracia.


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